Los tres parámetros que hay que tener en cuenta para este tipo de traducción son la terminología, un estilo formal que se corresponda con el género jurídico en el idioma de llegada y una correcta adaptación de las figuras jurídicas entre sistemas de Derecho distintos (como es el caso del Derecho Continental y el Derecho Común).
El continuo crecimiento de las relaciones comerciales y privadas a nivel mundial generan una gran cantidad de documentos que establecen vínculos jurídicos y obligaciones de derecho entre empresas y particulares. Un fallo en la terminología o una redacción ambigua pueden comportar dificultades de comunicación y en muchos casos suponer pérdidas millonarias.
El trabajo de un traductor jurídico es ser fiel al esquema, la numeración y la división de párrafos del documento a traducir (por ejemplo, un contrato) de modo que el lector del texto original y el del texto traducido puedan localizar las partes del documento que deseen discutir o aclarar.
Pero al mismo tiempo, el traductor de textos jurídicos deberá reflejar en su lengua materna el significado del contrato original siendo consciente de que su lector sabe que el texto no pertenece a su cultura jurídica y que tendrá que hacer un esfuerzo para entenderla.